La Confederación de Los Verdes llevará a la Comisión de Peticiones de la UE la reserva de suelo prevista para por el gobierno español para el almacenamiento de CO2.
Desde el año 2008, la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria ha publicado diversas resoluciones destinadas a la reserva de suelo destinadas al almacenamiento en estructuras subterráneas de dióxido de carbono. Las mismas constituirían diez posibles almacenes subterráneos que afectarían a las provincias de Alicante y Murcia; provincia de Palencia; CCAA de Cantabria y a la plataforma continental marítima frente a la misma; CCAA de Cantabria; CCAA de Asturias; CCAA de Asturias y plataforma continental costera; Vizcaya; Madrid; provincias de Teruel y Castellón; provincias de Zaragoza y Tarragona; provincia de Huelva; y provincias de Ciudad Real y Albacete.
Para Joan Oms, portavoz de la Confederación de Los Verdes, “su existencia supone, de una parte, una constatación de la apuesta del gobierno por la vuelta a una política de consumo de carbón, cuyas emisiones de CO2 intentarían minimizarse por medio de esta alternativa; de otra, una vía de escape para seguir emitiendo CO2 sin más alternativa y estudio que enterrarlo bajo tierra sin que se sepan a largo plazo las consecuencias de esta política. Mientras tanto, no hay una apuesta decidida del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por la reducción de emisiones de CO2, ni en aspectos medioambientales como la reforestación o la selvicultura, ni en infraestructuras como la inversión en transportes públicos que reduzcan el uso de los vehículos privados (ferrocarriles de Cercanías).”
La elección de los terrenos afecta social y medioambientalmente a dichos territorios: tal es el almacén situado entre las provincias de Alicante y Murcia, cuyo vértice se iniciaría en la partida rural de La Murada hasta el municipio de Santa Pola y desde la plataforma marina de El Pilar de la Horadada hasta el municipio de Balsicas, en la región de Murcia. En este espacio, se afectaría al paraje natural de El Agudo, en la partida rural de La Murada (término municipal de Orihuela), que ya se ve encerrado entre un vertedero “alegal” y una cementera, así como a otros espacios naturales como la Sierra de Escalona o el litoral de El Pilar de la Horadada y Santa Pola. En el caso del municipio de Orihuela, la contestación social a esta reserva es considerable por recibir Orihuela los residuos de la comarca y diversos municipios en el vertedero “alegal” de Abanilla-Orihuela y estar previsto otro en la partida rural de Torremendo, término municipal de Orihuela (que también se vería afectada por esta reserva de suelo del Ministerio de Industria) cuya implantación tendría consecuencias muy importantes sobre parajes naturales de la comarca.
Por ello, afirma Oms, “nos hemos dirigido a la Comisión de Peticiones de la UE y al Partido Verde Europeo para solicitarles que se interesen por la situación actual del proyecto e inste al gobierno de España a retirar estas reservas de suelo con el fin de evitar la alarma social generada por las posibles consecuencias del almacenamiento de CO2 desconocidas para la comunidad científica.”
Asimismo, Oms ha anunciado que la Confederación de Los Verdes presentará iniciativas en los municipios afectados “con el fin de que los ciudadanos conozcan la irresponsabilidad que supone almacenar en silos subterráneos CO2 sin conocer qué sucederá con estas reservas en un futuro cercano y si su existencia generará problemas medioambientales o de salud en los habitantes de esas zonas.”
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