El nuevo equipo de gobierno estudia si cabe recurso, pero si la sentencia es firme pedirá que sean los 14 ediles del PP del pasado mandato los que respondan con su patrimonio
ELISA G. BROTONS
La empresa Urbaser tiene todo el derecho a ser la adjudicataria de las basuras en Orihuela, y el pleno en el que el equipo de la popular Mónica Lorente decidió dejar desierto el concurso en 2007 es nulo (al menos a nivel teórico, porque en la práctica el PP inició un nuevo concurso y lo adjudicó a la UTE de Sufi, Liasur y Gobancast). Así lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que rechaza de plano todos los argumentos del recurso del Ayuntamiento y ratifica la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Elche.
¿Las consecuencias? Que con ello confirma también que el consistorio oriolano queda condenado a asumir las costas del juicio (unos 120.000 euros, estima el gobierno municipal) y que Urbaser puede reclamar una indemnización millonaria por los beneficios que le correspondían y que ha dejado de percibir. El varapalo para las arcas municipales es de infarto, porque se calcula en unos ocho o diez millones de euros, atendiendo a un porcentaje del servicio, que se ha adjudicado por diez años a razón de 9,5 millones de euros anuales (Urbaser pidió en 2009 ante el Contencioso "daños y perjuicios, extendiéndose a los beneficios que legalmente le habrían correspondido durante toda la vida del mismo y las costas").
"La corrupción es ruina"
La sentencia fue dictada el 11 de mayo y notificada el viernes pasado -un día antes del pleno de investidura, cuando a Lorente le quedaban 24 horas de Alcaldía en funciones- pero desde el PP no se hizo público y el nuevo equipo de gobierno (LV, PSOE y CLr-Claro) se enteró ayer de la noticia, que no es una sorpresa, dijo la concejala socialista Antonia Moreno, porque "no ha ocurrido nada que no hubiéramos dicho que iba a ocurrir y ahora empezamos a tener las pruebas de que la corrupción es ruina".
La cuestión es que el tiempo para reaccionar se va agotando, y al Ayuntamiento le quedan seis días hábiles para recurrir. Si es que se puede, porque el abogado y edil de CLr-Claro Juan Ignacio López-Bas explicó ayer que "primero tenemos que estudiar si cabe recurso extraordinario de casación en el Tribunal Supremo en Madrid, que no está claro". Si cabe, "se agotarán las vías legales para recurrir para defender el interés del Ayuntamiento, teniendo en cuenta la situación patrimonial y económica en la que se encuentra el consistorio", dijo. Además, "estamos dispuestos a conversar con Urbaser y a abrir las puertas a negociar para encontrar la solución menos lesiva, dado que contra quien estaban litigando era otro equipo de gobierno".
En cualquier caso, y según siguió explicando el concejal centrista, "si la sentencia quedara firme, de forma inmediata se repercutirían o reclamarían los gastos a quienes en su día votaron en el pleno un acuerdo que ha sido declarado ilegal, a los 14 concejales del anterior equipo de gobierno (PP) que adoptaron una decisión ilegal", dijo López-Bas. Los tres grupos que ahora están en el gobierno, "les dijimos una y otra vez que era una adjudicación ilegal, y aún sí la hicieron conscientemente".
El concejal de CLr-Claro aseguró ayer que las pretensiones de que sean los ediles del PP quienes respondan con su patrimonio son perfectamente realistas y factibles, que hay jurisprudencia en este sentido porque ha habido un "quebranto económico" y que sólo podrían eludirlo si son insolventes.
El alcalde, Monserrate Guillén, repasó la historia de la adjudicación diciendo que "hubo una primera adjudicación provisional que según los técnicos de la casa y de la Universidad Politécnica de Valencia era la más lógica, pero el anterior gobierno (PP) con el anterior secretario cambió todos los parámetros y desestimó a Urbaser. Se hizo un nuevo procedimiento, un nuevo pliego de condiciones y una nueva adjudicación, por lo que Urbaser fue al Contencioso y ganó".
Entre la espada y la pared
Esta "herencia" que deja el PP en el Ayuntamiento, como la llamó ayer Guillén, "nos pone a todos los oriolanos entre la espada y la pared", dijo el alcalde. "Lo lamentable es que ahora nosotros tengamos que defender a estas 14 personas (los ediles del PP que votaron a favor de declarar desierto el concurso) que sólo defendían los intereses de quien ellos querían".
Un contrato protagonista de la operación Brugal
La adjudicación del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos de Orihuela tiene un recorrido tortuoso. El concurso que Urbaser iba a ganar se paralizó, a petición de ocho ediles del PP encabezados por Mónica Lorente, en marzo de 2006 porque el empresario de Colsur, Ángel Fenoll, difundió una conversación en la que un edil independiente decía que estaba amañado. Desde entonces estuvo el punto de mira de la Policía, y forma parte del informe principal de la Operación Brugal. La investigación dice que después Fenoll ayudó en la campaña electoral de Mónica Lorente en 2007. La nueva alcaldesa gestionó, según la Policía, el trámite para dejar desierto el concurso de Urbaser. El pleno que declaró desierto el primer concurso se celebró a los seis meses de llegar Lorente a la Alcaldía con el argumento de que el concurso estaba "bajo sospecha". En 2008 convocó una nueva adjudicación para que lo ganara una UTE controlada supuestamente por el propio Fenoll.
http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2011/06/17/tsj-confirma-urbaser-debio-adjudicarse-basuras-merece-indemnizacion-millonaria/1139493.html
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