El Ayuntamiento de Orihuela denunció a Anticorrupción los enterramientos
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El Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) investiga dos nuevas zonas de enterramientos ilegales en la pedanía de La Murada (Orihuela). Es precisamente en esta pedanía oriolana donde se ubica, a caballo con la localidad de Abanilla (Murcia), el vertedero de residuos Proambiente, SL, propiedad de Ángel Fenoll, cabecilla del caso Brugal.
El hallazgo se produce meses después de que los técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Orihuela encontraran un vertido de residuos contaminante en la Rambla Salada tras la denuncia de un colectivo de La Murada. En esta ocasión también fueron asociaciones de vecinos las que se dirigieron al Ayuntamiento de la localidad de La Vega Baja para informarle de la existencia de enterramientos ilegales. A raíz de esta denuncia, técnicos municipales y la Policía Local se desplazaron a inspeccionar tres zonas. En dos de ellas el olor del gas que desprende la basura en descomposición era fuerte y en la tercera la basura era visible a simple vista. Tras la inspección, el Ayuntamiento de Orihuela presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Fue el pasado octubre.
Esta denuncia supuso que hace una semana técnicos del Seprona realizaran catas en las fincas Los Corrales y Los Sigüenza de la pedanía de La Murada y propiedad de Francisco Poveda, según explican fuentes próximas a la investigación. En la visita del Seprona participaron también varios extrabajadores de Fenoll, según las mismas fuentes.
Por su parte, el Ayuntamiento de Orihuela ha tomado la decisión de personarse en este caso por la existencia de vertidos ilegales. La fiscalía ha abierto diligencias. Ayer, el concejal de Medio Ambiente, Manuel Culiáñez, explicó la decisión en la preocupación del Consistorio por los 3.000 vecinos que viven en La Murada. "Queremos tener claro que no hay perjuicio para la salud de las personas", esgrimió el edil, que considera que los vertidos se acumulan desde hace años. Culiáñez también lamentó la falta de voluntad política del PP para solucionar este problema. Los populares han gobernado el Ayuntamiento de Orihuela hasta las elecciones de mayo.
Las denuncias por enterrar basura de forma ilegal en el suelo del sur de la provincia de Alicante no han dejado de gotear en los últimos años. En julio del año 2010, un extrabajador del industrial Ángel Fenoll en la firma Proambiente denunció ante el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, que el cabecilla del caso Brugal obligó a sus empleados a excavar hoyos ilegales en los alrededores de su planta de basura para enterrar desechos.
El operario detalló entonces que entre 2007 y 2010 los trabajadores de Fenoll excavaron agujeros en las inmediaciones de la planta del industrial, en la partida Los Randeros, para proceder después a enterrar basuras. Los vertederos ilegales "los realizaron trabajadores de Fenoll y por órdenes de éste", precisó la diligencia judicial.
Casi un año más tarde, concretamente en abril de 2011, la Guardia Civil detuvo a Francisco Javier Bru, edil del PP de Albatera y uno de los imputados en la pieza que investiga el caso Brugal en Orihuela acusado de enterrar miles de toneladas de basura en una fosa ilegal de un campo de limoneros en Abanilla (Murcia). Junto a Bru fueron detenidas otras cuatro personas.
La basura procedía de Elche y su destino final era el vertedero autorizado que Fenoll tiene en esta localidad vecina de Alicante, aunque antes de llegar a su destino se desviaba ilegalmente, según explicaron entonces fuentes de la investigación. El negocio residía en cobrar por recoger basura y tratarla, cuando la red corrupta que fue detenida en realidad la enterraba sin más y sin autorización, agregaron otras fuentes próximas a la investigación.
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