Nuestros vertederos de residuos distan mucho de ser adecuados y seguros. Además, se olvida que antes de enterrar es necesario reducir, reutilizar y reciclar, es decir, minimizar los residuos. Los vertidos líquidos que generan los residuos en los vertederos, los lixiviados, originan graves problemas, sobre todo en cuanto a la contaminación de agua, pero sólo un exiguo 0,13% de los vertederos disponen de instalaciones para tratarlos.
En España, las grandes movilizaciones sociales contrarias a los vertederos de residuos industriales, como los de Baena y Nerva, en Andalucía, nos dan una pista clara de los peligros de enterrar estos residuos, sobre todo aquellos catalogados como peligrosos. Para estos últimos la opción de disposición mediante vertedero es inaceptable por la contaminación que generan, tanto visible, atmosférica y de aguas superficiales, como invisible a través de lixiviados subterráneos.
A veces, las empresas camuflan los peligros de estos enterramiento con palabras equívocas como inertizar, tal como se pretende hacer en Cádiz con la planta de Los Barrios, donde se quiere enterrar residuos peligrosos de naturaleza orgánica (disolventes, restos de hidrocarburos, etc.) e inertizarlos echando encima cal, sepiolita y puzolana. Pero este proceso químico no convierte estos residuos en no peligrosos, porque siguen tan activos químicamente como en su composición original, ya que este tipo de procesos sólo diluye y estabiliza, no inertiza, las reacciones químicas en el paquete de residuos peligrosos.
En el Estado español hay 9.012 vertederos de residuos urbanos e industriales (la inmensa mayoría urbanos), de los cuales aún están operativos 3.700, y de éstos tan sólo unos 170 están mínimamente controlados. De los 170 vertederos controlados, tan sólo el 30% son adaptables, o están adaptados, a la trasposición de la Directiva de Vertido de Residuos, aunque con muy diversas calidades en su gestión ambiental.
Ante este hecho, surge la pregunta: ¿qué tipo de tratamientos se aplican a los lixiviados que se generan en esos vertederos? Sólo un 27% de los vertederos controlados en España aplica algún tipo de tratamientos a los líquidos que se extraen o que expulsa el depósito final de residuos urbanos.
Peores son las respuestas si preguntamos ¿qué mediciones se están realizando en los vertederos de los lixiviados que no se ven en superficie?, ¿se han instalado piezómetros de control no sólo en el perímetro exterior del vertedero, sino dentro de él y aguas abajo, para saber si existen líquidos que estén contaminando los mantos freáticos de la zona o los ríos?
Sólo un 0,13%
Si preguntamos el número de vertederos actualmente en funcionamiento –o en mantenimiento posclausura– con capacidad de tratamiento del volumen real de lixiviados generados, nos encontraríamos con que ese número no excede la docena. Es decir, y siendo generosos, frente a los 9.012 vertederos de residuos existentes en España sólo el 0,13%, tienen capacidad para tratar de forma segura, sin percolaciones o fugas subterráneas, todos los lixiviados que genera esta actividad empresarial ambiental. Cabe señalar que este porcentaje ni siquiera refleja todo el impacto causado por todos los residuos enterrados, pues para ser precisos habría que añadir los más de 50.000 microvertederos incontrolados que hay en España.
Éste es el punto clave del preocupante problema que representan los vertederos de residuos en un Estado como el español, con zonas afectadas por restricciones casi cíclicas de agua y mayoritariamente calcáreo –lo cual supone que los lixiviados se filtren con más facilidad–, al menos en su vertiente mediterránea: la contaminación del agua. Este recurso estratégico puede contaminarse por los líquidos fermentados o lixiviados –a menudo cargados con pesticidas tóxicos– que se filtran a través de las capas freáticas hacia los ríos, o afectan a acuíferos que surten de agua para el riego o el consumo doméstico.
Más grave es la situación cuando sabemos que en zonas de Andalucía como Almería, por ejemplo, las aguas freáticas –algunas de ellas, fósiles, en proceso de agotamiento– suponen el 75% del total consumido por la población local y la agricultura.
Un control urgente
Por lo tanto, preservar la calidad de ese agua es tarea primordial y urgente, y para ello es necesario, como primera medida administrativa, un mapa estatal actualizando la localización y características de todos los vertederos de residuos, tanto urbanos como industriales, ya sean abandonados o en funcionamiento, legales o ilegales, y que se audite escrupulosamente las condiciones en las que se están tratando, o no, los lixiviados generados.
Sería importante que en esa auditoría estatal se midiese igualmente la capacidad real de control y tratamiento de lixiviados de todos los vertederos que poseen esas infraestructuras. Muchas veces los volúmenes de lixiviados emitidos por los vertederos exceden en mucho la capacidad de tratamiento, o esa capacidad es parcial: se limita a concentrar o a depurar sólo parcialmente, sin cumplir los límites de vertido de aguas a cauce o a red de saneamiento. Igualmente, es prioritario hacer cumplir a todos estos vertederos la reglamentación española que traspone la Directiva de Vertederos, sin mayores demoras o periodos de gracia adicionales, como han obtenido algunas grandes empresas privadas (v.g. Cespa) y algunos vertederos públicos.
Este mapa sería más urgente en las zonas del litoral mediterráneo, donde se conjugan turismo y agricultura intensiva, pues las grandes aglomeraciones demográficas estacionales y permanentes próximas al mar, y los cultivos intensivos de exportación, producen enormes cantidades de residuos que se están gestionando pésimamente. Así, por ejemplo, pasa en Almería, donde aún no se ha resuelto el problema de los residuos agrícolas que contienen pesticidas, y que se queman o depositan en cañadas de forma ilegal, sin control operativo eficaz por parte de la Junta de Andalucía.
Hay que tener en cuenta que a la hora de hablar de vertederos enterrados, éstos son verdaderos reactores biológicos, por lo que su peligrosidad no termina con las medidas de sellado exigidas por la legislación y promovidas por las autoridades autonómicas. Así, lo lógico y legal (exigido explícitamente por la transposición de la Directiva de Vertederos) es que el coste de seguimiento y descontaminación se debe incorporar al precio de la gestión de las basuras, como ya se hace en la gestión del residuo industrial, aunque en este caso aún con muy desigual resultado ambiental.
Desde el punto de vista de la calidad ambiental no podemos seguir enterrando la mayor parte de una peligrosa y voluminosa realidad derivada del sobre-consumo urbano e industrial –todavía carente de sistemas de reducción, reutilización y reciclaje eficientes–, ni mantenerla enterrada sin conocer, prevenir y corregir, o mitigar, los impactos ambientales reales que desde esos enterramientos de residuos se derivan hacia la población, el suelo, el agua y el aire.
La descontrolada situación de los residuos enterrados en España corresponde a la dinámica de la oferta y la demanda. Si no hay demanda de calidad ambiental por parte de la sociedad –que sí la hay–, entonces la oferta se reduce a enterramientos de residuos con bajo perfil tecnológico, miles de vertederos ilegales –muchos de ellos de titularidad o responsabilidad municipal–, sin control de la eventual contaminación del subsuelo y de las aguas subterráneas. Sin embargo, es importante que tanto la Administración como las empresas que gestionan los residuos sepan que la sociedad en su conjunto tiende a reaccionar (vía movilizaciones, elecciones, denuncias a administraciones, denuncias por competencia desleal) ante este caótico y peligroso estado de cosas en materia de residuos, simplemente porque la preocupación por la salud se ha incrementado.
Los escenarios vaticinados por diversos paneles de expertos coinciden en señalar que el agua será un recurso crítico durante los próximos decenios. Por ello, y con el fin de velar desde ahora por su calidad, también debe preocuparnos conocer, y después prevenir, controlar y enmendar, la contaminación que ese recurso esencial sufre a partir de los vertederos. Es necesaria la aplicación, sin paliativos, de las mejores tecnologías disponibles.
Social y ambientalmente no podemos exigir menos si queremos entregar a nuestros descendientes un mundo, al menos, semejante al que nos encontramos nosotros. No hacerlo sería derrotista, ilegal y suicida.
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