Mónica Lorente advierte que la regularización sólo contemplará aquellas viviendas que "cumplan la normativa que todavía está vigente"
M.LUISA MAS
Durante décadas, los jóvenes nacidos en las pedanías de Orihuela han tenido dos opciones al llegar a la edad adulta: Vivir a varios kilómetros de su lugar de nacimiento o levantar una vivienda ilegal y asumir las posibles sanciones económicas derivadas de esta actividad. La imposibilidad de construir en terrenos rurales ha sido uno de los factores que más ha pesado en el despoblamiento de las pedanías de Orihuela.
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) podría saldar esta deuda al regularizar las cientos de casas ilegales construidas en las partidas rurales. La alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, advirtió ayer que "no todas" las casas podrán legalizarse y que se tendrá en cuenta a aquellas que "cumplen la normativa que todavía está vigente". La regularización se efectuará a cambio "de contraprestaciones", como suelo libre para la disposición de zonas verdes y equipamientos.
Además, el plan urbanístico ordenará el crecimiento de las pedanías con la dotación de suelo urbanizable. El reparto de superficie edificable dependerá de las características de la partida en cuestión. "Todavía hay por desarrollar alguna unidad de actuación en pedanías como son los casos de La Murada o de La Aparecida", señaló ayer Mónica Lorente. Con esto quiso explicar que las pedanías que aún tengan superficie edificable rascarán menos metros urbanizables del nuevo PGOU que las pedanías en las que no hay un solo centímetro clasificado para la construcción de viviendas o de industrias.
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