Una plataforma vecinal mantiene que las emisiones de una actividad industrial de San Pedro del Pinatar podría estar afectando a las personas
D. P.
El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ha aprobado en el pleno reclamar a los servicios técnicos de la Generalitat Valenciana que realicen un estudio de la calidad del aire del municipio para responder a la inquietud creciente de miles de vecinos ante los supuestos efectos de las emisiones de una fábrica situada en San Pedro del Pinatar (Murcia), a novecientos metros al sur del casco urbano pilareño.
La gerencia de esa actividad niega rotundamente cualquier tipo de reponsabilidad y lo avala desde 2006 con sentencias judiciales a su favor y sucesivos estudios documentados sobre la calidad del aire que han descartado cualquier contaminación.
Sin embargo, la concejal de Medio Ambiente de Pilar de la Horadada, Ute Kaiser reconoció la gran preocupación que existe en el municipio con este asunto y anunció que su postura sobre este asunto no va a cambiar: Su obligación "es defender los intereses de todos los vecinos del término municipal", expresada en las firmas y en las movilizaciones y reuniones que los grupos políticos han mantenido con los vecinos organizados en plataforma.
Fórmulas
Desde el equipo de gobierno se subraya que si la administración autonómica no asume la petición del pleno municipal el Ayuntamiento pilareño, a la que todavía no ha respondido, buscará otras fórmulas para realizar sus propios análisis científicos de la calidad del aire ante la avalancha de quejas vecinales que se vienen recogiendo desde hace meses sobre los olores procedentes de la fábrica.
En este sentido las mismas fuentes indicaron que se han recibido 3.000 firmas en las dependencias municipales sobre este asunto y que siguen llegando más a diario.
Mientras que desde la oposición se mantiene que la decisión tan solo intenta aplacar la reivindicación vecinal sin que el Ayuntamiento realmente considere que la actividad de la empresa es perjudicial.
La Plataforma vecinal inició hace ya cuatro años acciones judiciales contra las citadas emisiones que consideran nocivas y que, aseguran, han obligado a las familias que viven más cerca del recinto, situado en una zona agrícola sobre unos 10.000 metros cuadrados, a dejar sus viviendas. Fuentes de la Plataforma creada en el mes de diciembre en Pilar de la Horadada quisieron indicar ayer que no están en contra de la actividad industrial y la riqueza que genera. Tan solo piden que si es necesario se adopten las medidas necesarias para que las emisiones no causen problemas.
Este diario pudo comprobar sobre el terreno y durante el día que en el entorno de la fábrica se percibe un penetrante olor similar al que desprende el combustible derivado del petróleo, aunque la mercantil asegura que es el propio de este tipo de actividad y está muy por debajo de los umbrales legales.
Esos olores se atenúan o aumentan, según los días y si arrecia el viento de poniente, en el casco urbano de Pilar. Según la plataforma los vecinos más afectados que tienen que estar al tanto de hacia donde va el viento para ver si pueden abrir sus ventanas o dejar que sus hijos jueguen en la calle.
Los informes del Seprona no detectan contaminación
La fábrica "Asfaltos del Sureste SA", situada en San Pedro y dedicada a la fabricación de láminas asfálticas y aludida por las dos plataformas vecinales de Pilar de la Horadada y San Pedro del Pinatar como generadora de las supuestas emanaciones, asegura que cuenta con "los permisos y licencias con arreglo a la actividad que desarrolla y a la legislación". Para negar las afirmaciones de los vecinos esgrime una resolución judicial por la cual se archiva la denuncia de éstos por un supuesto delito ambiental "diligencias de investigación e informes periciales demuestran que no emite sustancias contaminantes superiores a los límites legalmente establecidos (...) ni supone perjuicio para la salud" mantienen. Los servicios jurídicos de la empresa explicaron ayer a este diario que entre esos informes figuran, entre otros, pruebas y analíticas del aire llevadas a cabo en San Pedro por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. También se aportaron informes forenses realizados a 20 personas supuestamente afectadas por las emisiones que descartaban cualquier tipo de incidencia en su salud de las personas. Además la empresa informó de que varios particulares interpusieron contenciosos administrativos en los que esgrimían una vulneración de sus derechos fundamentales que también han sido archivados. La empresa ha iniciado a su vez varios procedimientos contra las personas y entidades que han vinculado desde 2006 la actividad industrial con emisiones contaminantes sabiendas de que existen resoluciones judiciales que le dan la razón, según advirtieron las mismas fuentes, quienes entienden que son las administraciones públicas de Murcia las que tienen competencias para disponer sobre la actividad que está totalmente autorizada.
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