El sumario salpica al diputado provincial Juan Molina y a otros dos ediles de Orihuela
J. A. MARTÍNEZ/D. PAMIES
La Fiscalía Anticorrupción ha visto indicios para imputar a la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, y al ex portavoz socialista en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós, por su implicación en las supuestas irregularidades para la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, según el sumario del «caso Brugal» al que ha tenido acceso este diario.
Según el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, a Lorente podría imputarse un presunto tráfico de influencias y a Amorós el mismo delito, además de aprovechamiento de información privilegiada y cohecho. Ninguno de los dos está imputado formalmente, aunque ambos ya han recibido notificaciones del juzgado advirtiéndoles de que aparecen en la causa. El informe se presentó en el juzgado en junio, un mes antes de que comenzaran las detenciones por las que en julio volvió a estallar el escándalo. En cuanto a la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, el fiscal cree que ésta pudo interceder para la adjudicación a Fenoll ante Ripoll debido a intereses electorales en la ciudad de Orihuela, «señalando públicamente el lugar de emplazamiento de la finca donde se ubicará la Planta de Gestión de Residuos antes de cualquier informe técnico».
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