Carlos San Martín también interrogará a los empresarios Rafael Gregory, Luis Bracho y Jorge Sanz sobre el supuesto amaño de la contrata de la basura
D. P.
El juez del caso Brugal ha llamado a declarar, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, a los tres concejales de Orihuela imputados y a tres empresarios más relacionados con el supuesto amaño de la actual contrata de recogida de basura y limpieza viaria. El edil Manuel Abadía está llamado a declarar el 22 de marzo, un día después lo hará Ginés Sánchez Larrosa y el 24, Antonio Rodríguez Murcia "Chanos". Todos están imputados por cinco delitos; entre ellos, fraude y tráfico de influencias. A esas declaraciones se sumarán las comparecencias de Ángel Luis Bracho, gerente de Sufi, filial de Sacyr; Jorge Sanz; y Rafael Gregory, empresario omnipresente en los tres años de grabaciones que sostienen la investigación. Estas declaraciones llegan cuando la actual tanda de comparecencias no ha culminado. Resta por acudir al interrogatorio Antonio Ángel Fenoll.
Manuel Abadía, concejal de Servicios, aparece en las investigaciones judiciales como uno de los principales intermediarios a la hora de lograr que la actual contrata esté en manos de empresas en las que aparecen como gerentes supuestos testaferros del empresario oriolano. La Policía Nacional sospecha que dos de las tres empresas que forman la Unión Temporal de Empresas de recogida de basura en Orihuela son supuestamente una tapadera de Fenoll -Gobancast y Liasur- aliadas con la filial de la multinacional Sacyr, Sufi.
"Fetén"
Abadía aparece, en los seguimientos de la Policía, en reuniones con los empresarios que se hicieron con la contrata meses antes de que ésta se adjudicara, facilitando, a tenor de lo que se refleja en los pinchazos, informaciones sobre la contrata. Papel que también cumplieron, en menor medida a tenor sus "apariciones" en el sumario, Ginés Sánchez (Medio Ambiente) y Antonio Rodríguez Murcia (Parques y Jardines), que se citan ayudando supuestamente al empresario a obtener documentación sobre las condiciones en las que se va a adjudicar el concurso antes de que se haga público. La implicación de esos tres ediles tuvo un gran impacto mediático porque fueron detenidos a la vez que se registraba el Ayuntamiento en julio pasado. La alcaldesa, Mónica Lorente (PP), en un primer momento defendió la actuación de sus concejales asegurando que la adjudicación había sido "fetén" y "transparente", para luego asegurar que tendrían que dar explicaciones sobre su gestión, pero sin tomar medidas contra ellos ni paralizar el contrato con la empresa.
Negarse a declarar
Según fuentes jurídicas se trata de unas comparecencias que cumplen estrictamente las formalidades del procedimiento para que los imputados declararen una vez se ha levantado el secreto de sumario. Todos acudieron en julio a testificar sin conocer de qué se les acusaba. A pesar de que el fiscal ya se ha pronunciado en contra de los recursos que piden la nulidad de las escuchas en estas nuevas comparecencias los citados podrán acogerse igualmente a su derecho a no declarar como lo han hecho hasta ahora los cabecillas de la trama que investiga la Policía y Anticorrupción, encabezados por el empresario Ángel Fenoll.
Incluso si desde ahora hasta la fecha de esas declaraciones el juez resolviera que las grabaciones de las conversaciones se ajustan a la legalidad, los ediles y el resto de imputados pueden apelar a su derecho a no declarar, teniendo en cuenta el previsible recurso a la Audiencia ante esa decisión. Las defensas entienden que sus clientes no pueden pronunciarse sobre unos hechos que se relatan en unas conversaciones que se desconoce si van a ser excluidas. Estos abogados siguen sin tener acceso a la pieza separada en la que están todas las grabaciones, tanto las que ha incluido la Policía en sus informes como las que fueron excluidas.
Sentencia
Por otra parte, Anticorrupción solicitará al juez que incorpore a la causa la sentencia que declara ilegal el cambio de ubicación del vertedero que el constructor alicantino Enrique Ortiz quería levantar en suelo comprado a Ángel Fenoll, según fuentes judiciales, informa S. Llinares.
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